ISSN electrónico: 2448-7147 /10.22185/24487147.2026.121.29
Artículos
Envejecimiento poblacional y políticas sociales en el Estado de México
Population aging and social policies in the State of Mexico
Hugo Montes de Oca-Vargas, Eduardo Jiménez-López y Bernardino Jaciel Montoya-Arce
Universidad Autónoma del Estado de México, México
Resumen
En este trabajo se analiza la dinámica demográfica del proceso de envejecimiento y la aplicación de la política social en el Estado de México. Caracterizamos el proceso de envejecimiento demográfico. El incremento de personas de 60 años en adelante presenta nuevos desafíos para las instituciones que elaboran programas de política social. El envejecimiento no sólo se trata de un problema demográfico, de salud o de financiamiento del sistema de pensiones, sino también de índole política e institucional. El éxito de la implementación de políticas sociales será sólo si éstas contemplan acciones que modifiquen las condiciones de vida de los individuos. Para el desarrollo de este trabajo se analizan bases de datos especializadas con información de la población de edad avanzada, con la finalidad de retomar las necesidades del grupo de población y de la aplicación adecuada de política social en la entidad mexiquense.
Palabras clave: Dinámica demográfica, envejecimiento, política pública, Estado de México.
Abstract
This paper analyzes the demographic dynamics of the aging process and the application of social policy in the State of Mexico. We characterize the demographic aging process; the increase in the number of people aged 60 and over presents new challenges for institutions that develop social policy programs. Aging is not only a demographic, health, or pension system financing problem, but also a political and institutional one. The success of social policy implementation will depend on actions that modify the living conditions of individuals. For this study, specialized databases with information on the elderly population are analyzed to understand the needs of this population group and the appropriate application of social policy in the State of Mexico.
Keywords: Demographic dynamics, aging, public policy, State of Mexico.
Recibido: 30/04/2025
Aceptado: 27/01/2026
Introducción
El objetivo de este trabajo es analizar la dinámica demográfica del proceso de envejecimiento y la aplicación de la política social en beneficio a la población adulta mayor en el Estado de México. Caracterizamos que el proceso de envejecimiento demográfico en el Estado de México es una tarea ardua y olvidada por parte de las autoridades que dirigen los destinos de la población. Además, mostramos las tendencias y situaciones actuales sociodemográficas de la población adulta mayor.
El proceso de envejecimiento poblacional presenta nuevos panoramas en el aspecto político, en especial sobre la política social. El incremento de personas de 60 años en adelante presenta nuevos desafíos para las instituciones que elaboran programas de política social, las cuales deben sufrir cambios para proteger a los adultos mayores. El envejecimiento no solo se trata de un problema demográfico, de salud o de financiamiento del sistema de pensiones, sino también de índole política e institucional. Ante esto, el éxito de la implementación de políticas sociales será solo si éstas contemplan acciones que modifiquen las condiciones de vida de todos los individuos, incluidos los ancianos. Por ello, resulta indispensable pensar en una reforma de política pública de protección social para una sociedad que envejece, que no sólo cubra el rezago en materia de servicios sociales, sino que otorguen garantías a este grupo de población (Welti-Chanes, 2013).
Existe una diversidad de definiciones de política social. De acuerdo con Carlos Welti-Chanes (2013), se entiende por política social al grupo de medidas gubernamentales orientadas a mejorar las condiciones de bienestar para las personas, donde se asignan recursos para mejorar el acceso a servicios sanitarios, educativos, de vivienda y comida que aseguren al menos la supervivencia; por lo que es vista como una herramienta que contribuye a asegurar el ejercicio de los derechos sociales universales.
Una definición más amplia agrega que la política pública social es el conjunto de valores, decisiones y acciones estratégicas que llevan al cambio de una situación específica, donde los ciudadanos y las autoridades del Estado han determinado como importante o prioritaria debido a que genera condiciones de desequilibrio que afectan la calidad de vida. Por ello, resulta importante plantear una distribución diferente de lo existente de bienes o servicios y la creación de respuestas a partir de la identificación colectiva de soluciones (Secretaría Distrital de Integración Social, 2022).
El conjunto de acciones gubernamentales que se ha puesto en marcha responde a situaciones económicas, sociales y demográficas específicas. En México, desde comienzos del siglo pasado hasta la década de los setenta, las políticas sociales han sido fundamentales en la implementación de una pirámide poblacional joven, con ello se atendieron, se modificaron las condiciones de salud, de educación, de vivienda, de alimentación y de bienestar en toda la población, sobre todo de los niños y de las mujeres en edad reproductiva (Saucedo y Guzmán, 2018).
En suma, el periodo de 1970 a 2000 se caracterizó, entre otros aspectos, por el conjunto de acciones que impulsaron los servicios educativos. Es decir, la educación fue considerada como un bien público, como base para el desarrollo social y económico del país. Lo anterior tenía como prioridad lograr un sistema educativo de calidad, con eficiencia, que pretendiera satisfacer la demanda de educación básica, media y superior (Gonzalez, 2022).
Sin embargo, a partir del siglo XXI se anticipa una transformación en su conceptualización y aplicación debido a una estructura demográfica que tiende hacia el envejecimiento de la población. De tal manera que, en las siguientes décadas, la preocupación principal serán los adultos mayores, claro, sin desatender al resto de la población (Welti-Chanes, 2013).
Para el desarrollo de este trabajo se analizan bases de datos disponibles en el sistema estadístico nacional que cuenten con información especializada sobre la población de edad avanzada, como son: Censos de Población y Vivienda de los años 1990, 2000, 2010 y 2020; la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición; la Encuesta de Seguridad Social; la Encuesta de la Dinámica Demográfica y la Encuesta sobre Envejecimiento Demográfico en el Estado de México, la cual fue levantada por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México en el año 2008, con la finalidad de retomar datos especializados que den cuenta de la necesidad de la actualización de esta base de datos y de la aplicación adecuada de política social en la entidad mexiquense.
Diagnóstico demográfico del proceso de envejecimiento
La transición demográfica en el Estado de México, al igual que en el resto del país, se manifiesta claramente a través de las transformaciones significativas en la estructura por edad de la población, en la conjugación de las dinámicas económica, social, cultural y política (en lo que a toma de decisiones se refiere). Estas transformaciones y conjugaciones, de acuerdo con Ceja (2004) y Partida (2005), a lo largo de la historia de cualquier espacio geográfico tienen un impacto profundo en la sociedad, en este caso de la entidad mexiquense.
Ante los cambios demográficos que la entidad ha presentado en su dinámica demográfica, destaca en pleno siglo XXI un notable incremento en la población de 60 años o más en términos absolutos como relativos. Este crecimiento poblacional se debe a los cambios observados a lo largo del siglo pasado y principios del siglo XXI al pasar de altas a bajas tasas de fecundidad y de mortalidad que se presentan en la entidad y en cada uno de los municipios que la integran. Como consecuencia de estos cambios demográficos, se ha generado un importante proceso de envejecimiento poblacional el cual se está presentando de forma heterogénea; sin embargo, se pueden identificar algunas regiones de relevancia en el interior de la entidad mexiquense.
En este sentido, al inicio del siglo XXI, de acuerdo con datos censales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2000), en el año 2000, la población de 60 años o más, registraron 5.5 por ciento de la población total estatal, para el año 2005 aumentó a 6.4 por ciento y en 2010 fue de 7.5 por ciento, por lo que estas cifras dejan ver un claro proceso de transición hacia un aumento de este grupo de población, ya que para el año 2020 representó 11.3 por ciento de la población total estatal.
De acuerdo con Collet (2021), ya se podían identificar municipios considerados como importantes en cuestión de envejecimiento de población, pues destaca que municipios que por lo regular presentaban estructuras de poblaciones jóvenes, ahora ya presentan un proceso de envejecimiento considerable. Como ejemplo puntual está el caso de Toluca o Metepec que ahora ya presentan este proceso demográfico, pues concentran 11 y nueve por ciento de su población envejecida respecto a su población total, lo cual no solo para ellos, sino para el resto de los municipios, es y será un gran reto para las próximas dos décadas.
En tal sentido, la entidad mexiquense como el propio país requieren adaptarse con urgencia al fenómeno de envejecimiento de su población debido a la escasez de recursos a largo plazo para solventar y atender una mayor demanda de la población de 60 años o más en servicios públicos, entre ellos: servicios de salud, el sistema de pensiones, el rubro de seguridad y asistencia social en general. Hay que considerar que el Estado de México es la entidad federativa más poblada del país con una densidad de 488 personas por kilómetro cuadrado (González, Bachhoff, Morelez y Vázquez, 2022).
El liderazgo a nivel nacional presenta retos significativos en cuanto al manejo de demandas relacionadas con el proceso de envejecimiento y las repercusiones que este puede tener ante las modificaciones internas de la familia. La atención educacional, el aumento de actividades económicas (laboral o empleo) y lo social deberán ser en un marco de interacción gobierno-población, cuyos servicios de salud y asistencia social tendrán que adaptar sus políticas de atención para dar acceso, cobertura adecuada a los diferentes grupos y etapas de la vida de la población (Gutiérrez-Chaparro y Márquez-González, 2021; González-Becerril, Montoya-Arce, Pérez-Alcántara y Villavicencio-Velázquez, 2024).
Lo que respecta a las demandas en el sector terciario (educación, servicios de salud públicos y privados), originadas por el aumento del envejecimiento de la población, no habrá efectos económicos, sino que se deberá adaptar en la preparación, capacitación e interacción enfocado a este grupo de población (Ortiz, 2021). El análisis detallado de estos escenarios, junto con la identificación meticulosa de factores de riesgo y factores de protección que puedan fortalecer de manera efectiva el nivel de vida de este grupo etario, serán de utilidad para identificar el desarrollo de políticas sociales focalizadas, coordinadas y sostenibles en el contexto estatal en atención a la población adulta mayor. Esto requiere del establecimiento de conocimiento bien estructurado y de un consenso adecuado (Montoya y Montes de Oca, 2011).
Lo anterior se encamina hacia identificar acciones efectivas que tengan un impacto positivo considerable en las condiciones sociodemográficas de la población adulta mayor con 60 años o más. En este contexto, los estudios enfocados al envejecimiento de la población adulta mayor actual en el Estado de México se presentan no solo como un canal de acceso necesario, sino también como un marco de referencia indispensable para el diseño de estrategias que sean socialmente pertinentes y que se ajusten al contexto poblacional de la entidad de manera adecuada.
Es fundamental resaltar la importancia de incorporar tecnología de vanguardia para el desarrollo y la gestión efectiva de la información que sea necesaria para la estimación de escenarios actuales y futuros de esta población. Se requiere la implementación de estrategias verdaderamente efectivas en materia de prevención de enfermedades, así como en la promoción de hábitos de vida saludable, que son cruciales para garantizar un bienestar sostenible y una mejor calidad de vida dirigida a la población a partir los 60 años o más (Ceja, 2004; Chande, 2011).
Envejecimiento, el caso del Estado de México
El envejecimiento es un proceso demográfico que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, el cual se considera un fenómeno demográfico a largo plazo. De acuerdo con Robledo, Duque, Hernández, Ruiz y Zapata (2022) se considera un desarrollo en el tiempo que tarda en manifestarse plenamente, sin embargo, este proceso ya nos alcanzó. Ante esta situación se derivan algunas consideraciones importantes sobre el estado actual de la dinámica demográfica relacionada con el proceso de envejecimiento en el Estado de México, así como algunas tendencias significativas que hacen referencia a su comportamiento y un futuro aumento de demandas a corto plazo.
En este sentido, en el Estado de México, el volumen de población adulta mayor ha crecido de manera constante desde la primera década del siglo XXI, pues de acuerdo con cifras del INEGI (1990) presentaba una población predominantemente joven, ya que la base de la pirámide era amplia y concentraba la mayor parte de la población en edades jóvenes, de 0 a 15 años. La estructura por edades para esta entidad ha mantenido un cambio de estructura muy discreto cada cinco años, por lo que conservaba una forma típica piramidal, esto también se deja ver en la pirámide población a nivel nacional (ver Figura 1). Ya entrada la primera década del nuevo siglo, durante el año de 2005, se registró una disminución notable de las tasas de fecundidad, lo que provocó que la base de la pirámide (0-4 años) comenzara a decrecer, acentuándose la población en edades superiores a los 5 y 10 años (ver Figura 2).
Figura 1: Pirámides poblacionales de la dinámica demográfica del Estado de México (1990-2000)
Fuente: elaboración propia en base a datos de CONAPO (2014).
Figura 2: Pirámides poblacionales de la dinámica demográfica del Estado de México (2010-2020)
Fuente: elaboración propia en base a datos de CONAPO (2020).
A partir del año 2005, desde la perspectiva demográfica, se puede mencionar que la población del Estado de México está presentando un envejecimiento natural o vegetativo al disminuir la base piramidal de la población en este año, con ello la estructura de población comienza a experimentar un proceso de envejecimiento progresivo en aumento, lo cual cabe preguntarse si este proceso demográfico es una oportunidad o un reto para la población, tanto para las instituciones públicas como privadas. Verificar si los gobiernos municipal y estatal tienen las medidas necesarias para afrontar esta situación.
Con cifras del INEGI (2010, 2020) como se muestra en la Figura 2, se observa con mayor claridad el proceso del envejecimiento demográfico en el Estado de México. Durante el inicio del periodo se estimó que la base de la pirámide continuaría reduciéndose debido al descenso de la fecundidad, la población de menores de 15 años ya no tendría la misma proporción de hijos, concentrando la población en las edades económicamente activas.
Siguiendo la dinámica demográfica se realiza una proyección tendencial para el Estado de México de población para 2030 (Figura 3).
Figura 3: Proyección de la Pirámides poblacionales de la dinámica demográfica del Estado de México para 2030
Fuente: elaboración propia en base a datos de CONAPO (2020).
En 2030 el Estado de México presentará una estructura por edad envejecida con un crecimiento poblacional con 60 años o más constante. En la mayoría de los municipios se conservará el mismo comportamiento durante todo el periodo de análisis, perfilándose una feminización del envejecimiento conforme los años pasen, pues habrá una mayor proporción de mujeres que de hombres.
En el Estado de México se registra una tasa de envejecimiento similar a la tasa nacional debido a que la dinámica demográfica de la población adulta mayor es simétrica al reflejar alrededor de 48.2 por ciento de vidas femeninas con respecto a vidas masculinas (González-Becerril, Montoya-Arce, Pérez-Alcántara y Villavicencio-Velázquez, 2024). La explicación a que la tasa de envejecimiento sea pareja en ambos sexos es la caída tanto en la natalidad como en la mortalidad de la población, unidos a los avances en materia de medicina preventiva y asistencial. En ese sentido, se observa que en los municipios con mayores tasas de envejecimiento se registran: Temamatla, Tepotzotlán, Tenango del Valle, Rayón y Villa Guerrero. En contraparte, los que han reportado las menores tasas de envejecimiento poblacional son: Jilotzingo, Isidro Fabela, Teoloyucan, Coatepec Harinas y San Antonio la Isla, con tasas de 7.1 por ciento (Montoya y Montes de Oca, 2006; González-Bejarano, 2023).
En la segunda década del siglo XXI, el análisis por sexo de la población en el Estado de México se observa que del total de personas con 60 años o más de edad, 52.2 por ciento son mujeres y 47.8 por ciento son varones. Esto representa un índice de masculinidad de 98.2 hombres por cada cien mujeres adultas mayores. Además, es importante destacar que poco más de 50 por ciento de las personas adultas mayores se concentra en municipios de categoría semi-urbana y rural. Estos municipios enfrentan actualmente importantes limitaciones para acceder a alguna fuente de empleo, así como también a la falta de servicios de salud eficaces que sean capaces de atender adecuadamente sus padecimientos (Peniche y Chávez, 2022).
Política pública vigente
El planteamiento de toda política debe estar enfocada en buscar y lograr un cambio en el grupo de población objetivo. Es decir, este planteamiento deberá estar dirigido a cambiar ciertas circunstancias no deseadas (problemas sociales en la población) a través de instrumentaciones específicas como lo son legales, administrativas y financieras. En las que se involucre la participación de distintos actores, entre ellos instancias públicas, políticas, de la sociedad, para realizar actividades, generar diversos escenarios de bienestar hacia ciertos grupos de población vulnerables o con escasez de bienes y servicios.
Esfuerzos que deben conjuntarse entre titulares de unidades administrativas estatales y municipales con niveles altos de profesionalización, que tengan la capacidad de llevar acabo las funciones de gobierno, que permitan mejorar con eficiencia y eficacia la atención de problemas públicos cuya solución implica la implementación de acciones sostenidas por parte de los gobiernos municipales y con ello, coadyuvar a un fin superior, que conlleva a contribuir al mejorar el funcionamiento de la toma de decisiones gubernamentales. De acuerdo con Aguilar y Lima, (2009), la política pública está dirigida a atender los siguientes puntos:
1. Resolver problemas públicos acotados.
2. Las decisiones implican conflicto.
3. Se discute el problema, pero más aún, la manera de abordarlo.
4. Participación de múltiples actores.
5. Es un proceso.
6. No se desplaza al gobierno, sino que se legitima.
7. La población afectada se involucra en la solución.
8. Es un ciclo y no una secuencia lineal (Aguilar y Lima, 2009, p. 10).
Como se puede observar, las políticas públicas deben poseer múltiples atributos para transformarse en un catalizador de transformación en la sociedad. Por lo tanto, para que su edificación, proyección, resultados sean eficientes y adecuados, se requieren herramientas concretas, la perspectiva de un enfoque al que va dirigido en este caso consideremos a la pobreza entre muchas otras variables, como un mecanismo a considerar para la implementación de políticas pública en atención a la población que se encuentre en esta situación.
En este sentido el gobierno federal define la pobreza desde una visión multidimensional, considerando que este fenómeno es intrínsecamente complejo y diverso, e involucra a distintos grupos de población que conlleva variadas situaciones de vulnerabilidad, aspectos que se ven reflejados al interior de la entidad mexiquense. En particular, en el contexto de las personas adultas mayores, se pone de manifiesto que la pobreza que enfrentan abarca múltiples dimensiones. Esto significa que no se limita a la simple falta de un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades básicas para poder vivir, sino que también engloba carencias reales, significativas en cuanto al acceso a bienes y servicios que son esenciales para llevar una vida digna. Estas necesidades incluyen, entre otras, el acceso a servicios de salud, atención y cuidado adecuados (Soria y Montoya, 2017).
Por lo tanto, la pobreza es un fenómeno que no solo priva a las personas de obtener ciertos satisfactores para tener una vida digna, por ejemplo ingresos económicos necesarios para su subsistencia, sino que además, está estrechamente relacionado con carencias de bienes y servicios fundamentales como la alimentación suficiente, una vivienda digna y condiciones habitacionales adecuadas, así como con el acceso a la educación, la cobertura en salud, la seguridad social y otros aspectos esenciales que impactan directamente en la calidad de vida de las personas (López, 2019).
Uno de los cambios más significativos observados en la dinámica demográfica de la población en los últimos años es, sin lugar a duda, el proceso de envejecimiento acelerado de la población. Este notable cambio en las estructuras por edad ha venido aumentando significativamente el cual se asocia principalmente a dos factores fundamentales: la disminución de la mortalidad y el descenso de la fecundidad. Ambos elementos, a su vez, repercuten de manera directa en la dinámica poblacional de la entidad y tienen de acuerdo con Dueñas (2024) un profundo impacto en diferentes aspectos de la vida social, tales como la estructura familiar, la propiedad de bienes, los gastos relacionados con la atención a la salud, con la seguridad social, la asistencia social, entre otros (Dueñas, 2024).
Frente a esta situación preocupante y compleja, el Estado de México se ve en la imperiosa necesidad de generar política pública en atención hacia los adultos mayores. Esta política debe considerar todas las dimensiones de la vida de las personas adultas, integrando un enfoque en su totalidad, en su complejidad y en sus interrelaciones que abarque tanto necesidades materiales como emocionales (Gutiérrez, Méndez, García y Giraldo, 2020; García, Valles y Nevárez, 2024).
Dicha política deberá comprender medidas de carácter asistencial, como apoyos económicos y alimentarios que alivien la carga financiera que enfrentan miles de personas, pero también es crucial incluir iniciativas no económicas que sean igualmente significativas. Estas acciones podrían promulgar, por ejemplo, la convivencia familiar fortalecida, el acceso a programas que fomenten el desarrollo de habilidades, así como la satisfacción de las variadas necesidades sociales y emocionales de las personas adultas mayores, contribuyendo de este modo a su bienestar integral y promoviendo una vida digna y activa en la etapa de la vejez (López y Ortega, 2024).
En el Estado de México, se ha promulgado una Ley de las personas adultas mayores del Estado de México, donde se exponen de manera clara y precisa los derechos fundamentales, las obligaciones que tienen tanto las instituciones como los individuos hacia este grupo etario, en ella se establecen las organizaciones que están destinadas a brindar apoyo a las personas adultas mayores. Estas organizaciones deberán desarrollar un registro, que servirá como medio auxiliar de control, con el fin de identificar, ubicar y llevar un registro detallado de la situación de cada persona adulta mayor en la entidad (González, 2015).
Esta acción es crucial, ya que la repercusión económica y social relacionada con este sector de la población no ha sido completamente superada. Sin embargo, existen acciones en el Estado de México, que ya se han aplicado en beneficios de la población adulta mayor, como es el caso del sistema DIF, el cual tiene como principal objetivo ofrecer servicios adaptados a las necesidades de los adultos mayores y también a las familias, proporcionando información relevante, orientación adecuada, derivación a otros servicios y asesoramiento en aspectos jurídicos, psicológicos y médicos. Además, se les brinda apoyo en diversas actividades culturales, recreativas y deportivas, con la esperanza y la intención de que puedan vivir con plenitud y dignidad antes de fallecer (Méndez, 2020).
En cuanto al levantamiento de información de Asistencia Social del Estado de México, se ha logrado distribuir ayuda canalizada para los asilos DIF, los cuales atienden situaciones de abandono que enfrentan algunos adultos mayores. Aunque desde este centro estatal no se requiere de mayores recursos, es importante mencionar que actualmente funcionan un total de 11 asilos diseminados en la entidad. Además, hay un Centro de Día llamado “Renacer”, el cual se encuentra situado en el municipio de Ixtapaluca y está atendiendo en este momento a 14 personas adultas mayores de ambos sexos, lo que refleja el compromiso de la ley y de las instituciones con el fin de atender el bienestar de las personas adultas mayores (Velasco, 2017).
La política pública expresada a través de programas y servicios específicos en atención a la población de adultos mayores en el Estado de México tratan de dar una respuesta efectiva a las diversas problemáticas que afectan a la población mexiquense, en años recientes con este cambio demográfico se pone de manifiesto la necesidad de abordar las carencias que enfrenta la población adulta mayor. A pesar de que existe una multiplicidad en el planteamiento de la política pública y de los programas diseñados para atender esta problemática, la mayoría de ellos carecen de una orientación clara y de un diseño estratégico que, de manera decidida, promueva la participación del beneficiario principal en el ámbito micro, es decir, en el entorno más cercano y cotidiano de este grupo de población (Poder Ejecutivo Federal, 2013; Méndez, 2020).
Según Hernández (2022) varios expertos coinciden en que el primer y principal problema que enfrenta México y en el caso particular del Estado de México, está relacionada con la protección y el bienestar de las personas adultas mayores, dado que existe cierta debilidad y fragmentación de la política pública, expresada en los programas específicos que se han creado para ocuparse de atender las necesidades esenciales de este grupo de población, así como en la dificultad que presentan para generar y producir estadísticas confiables que permitan evaluar el impacto real de la política pública vigente. Esto crea un círculo vicioso que dificulta aún más el desarrollo de iniciativas efectivas y sostenibles para mejorar las condiciones de vida de este sector de población vulnerable (Hernández, 2022).
La gestión pública ante el envejecimiento
De acuerdo con Salinas y Tetelboin (2005) la implantación de diversas políticas en el entorno mundial y nacional, orientadas a la regulación, disminución de la natalidad y de la mortalidad de diversos sectores de la población, ha conllevado a una constante disminución del promedio de muertes debido a enfermedades virales, traumáticas o infecciosas, dando paso a un aumento en las muertes por enfermedades crónico-degenerativas y cancerosas, dado que cada vez más individuos están llegado a cumplir más de 60 años de edad.
En el interés de diseñar y proponer una política pública óptima para hacer frente los retos que conlleva el aumento progresivo del envejecimiento de la población mexiquense, es necesario realizar un diagnóstico que dote de la información adecuada sobre este cambio demográfico, así como de sus particularidades culturales, sociales, económicas, laborales, familiares y de salud que requiere atenderse en este grupo de población. En la actualidad, existen políticas que buscan atender el envejecimiento en la población a partir de los 60 años, pero no en quienes se encuentran en la antesala del envejecimiento (población entre los 50 a 59 años).
Según Ducci (2008) Se ha buscado de forma directa que el impacto del envejecimiento en las diferentes esferas de la población se presente de manera global y no particular. En este sentido, analizando la situación demográfica del proceso de envejecimiento en la última década (2020), podemos identificar que la política pública deberá estar enfocada en atender cinco dimensiones que traerá consigo retos para la población adulta mayor, las cuales son: atención en el aumento de demandas en los ámbitos laboral, salud, educación, asistencia social y apoyos a la familia con al menos un adulto mayor de 60 años o más.
El crecimiento de la población mayor de 60 años se debió principalmente al aumento de la esperanza de vida al nacer. Al respecto, en la entidad mexiquense durante la primera mitad del siglo XX, al igual que otros estados de país en proceso de modernización, se mostró un crecimiento demográfico y económico sostenido, acompañado de un aumento en la expectativa de vida promedio al nacimiento.
De acuerdo con González (2015) el Estado de México tuvo uno de los periodos de crecimiento económico más acelerado en los últimos años; posteriormente, fue mucho más bajo pero considerable. Según el mismo autor, la esperanza de vida al nacer para el año 2000 fue de 73 años (78.7 para el sexo femenino y 67.2 para el masculino); para el año 2010, el nivel fue de 75 años (80.1 mujeres y 69.9 hombres), lo que obviamente es benéfico para la población, pero también plantea problemas y retos en el plano individual.
Ante esta realidad social y demográfica en relación con la gestión pública, se vuelve necesario construir una oferta de bienes y servicios a la medida de las necesidades generacionales en proceso de envejecimiento, por lo que es necesario que la política pública este hecha con diagnósticos apegados a la realidad sobre las necesidades que requieren atenderse en este grupo de población, como lo es conocer su entorno económico, laboral, de ingresos, vivienda, servicios públicos, familiar, social, de las actividades diarias, funcionalidad, cuidados, dependencia, salud, morbilidad, enfermedades crónico degenerativas, nutrición, atención odontológica, entre otros.
En consecuencia, la política pública deberá considerar la formación de cuadros profesionales en gerontología, especializar a otros profesionistas como el médico geriatra, el terapeuta físico y ocupacional, el trabajador social, nutriólogos y odontólogos quienes puedan proporcionar las estrategias terapéuticas necesarias para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, si se pretende brindar una atención integral a las personas adultas mayores, es claro que el aporte del gerontólogo al bienestar del adulto mayor deberá ir más allá del ámbito individual. Cabe mencionar que de no atender todas estas consideraciones, con el paso del tiempo se agravarán y se convertirán en una problemática que de no ser atendidas adecuadamente, traerán consigo un aumento en la dependencia-cuidados por aun aumento de discapacidades por edad y enfermedad, lo que conllevaría a una mala calidad de vida de las personas adultas mayores conforme aumente su edad.
Política social y envejecimiento
A lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, a nivel federal y estatal, se ha desarrollado la creación de un gran número de políticas sociales por parte de las diferentes administraciones gubernamentales, ante cambios económicos, sociales, políticos y culturales. Ahora bien, tomando como ejemplo los cambios económicos, estos han generado mayor desigualdad entre grupos sociales, regiones geográficas y sectores productivos, estas situaciones que han empeorado con el tiempo, ya que cada administración no solo implementa estrategias diferentes, sino que además equivocadas para atacar la pobreza y desigual en la sociedad. Por esta razón, se hace indispensable analizan los programas sociales destinados a resolver el problema de la situación actual de la población en proceso de envejecimiento, así como su cobertura y operación.
El planteamiento de políticas públicas a nivel federal y estatal encaminadas en la atención de las necesidades de la población envejecida han estado dirigidas de acuerdo con Jusidman (2009) a mejorar los servicios de salud y sociales, a fomentar un envejecimiento activo, al cambio social, laboral, educativo y en movilidad, manteniendo la primera línea delimitada a través de la orientación y planificación de políticas con objetivos y acciones concretas de atención a este grupo de población.
Según el mismo autor en la primera década del siglo XXI se han tratado de unir diferentes programas de política pública de forma intergeneracional, es decir, con la participación de adultos mayores, personas adultas entre los 35 a 59 años, población infantil y adolescentes, lo cual se ve reflejado en el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación que está dirigido también a todos los órganos desconcentrados y entidades de la administración pública. De esta manera, el propio Plan de Acción Institucional invita a enfocar las acciones a la población objetivo entre quienes se consideran a las personas de 60 años o más (Jusidman, 2009).
Muchos han sido los esfuerzos, pero pocos han sido los avances materia de programas sociales en beneficio a la población con 60 años o más, por ejemplo, en lo que atención en servicios de salud se refiere, en el Estado de México no se han planteado soluciones prácticas y suficientes al reto del envejecimiento, pues los sistemas de atención son en su mayoría obsoletos y no atienden eficientemente el aumento en la morbilidad de la población en general, ni mucho menos la que la población envejecida está presentando, aunque los programas de atención proporcionan mayores oportunidades de bienestar individual, familiar y social. Sin embargo, como lo mencionan Moyado (2013) y Ruiz (2011) los programas resultan ser muy abiertos, generales y hasta cierto punto, poco prácticos, ya que buscan la orientación de los servicios, pero no necesariamente fomentar su uso y facilidad de acceso por parte de la población abierta.
De acuerdo con Horbath y Gracia (2012) se desarrolla el programa de vida saludable en el adulto mayor, de una manera muy sencilla, aunque fructífera y fácil de entender para la población elegida, estaba enfocado al mantenimiento de la salud tanto de manera preventiva como terapéutica. En caso de enfermedad, el adulto mayor contaba con más opciones de atención gracias a la formación de especialistas en el área de medicina, enfermería y asistencia social en geriatría, lo que a su vez incrementó la capacidad de atención especializada hacia las personas envejecidas con sistemas hospitalarios y la implementación de programas exitosos de atención médica a domicilio y/o en clínica.
Los servicios de salud en general han orientado sus programas hacia varias etapas del ciclo de vida, de manera segmentada y no necesariamente coordinada, logrando que la prevención, promoción y el tratamiento estén presentes para los viejos. A pesar de estos esfuerzos aún hay una evidente carencia de información, manejo y diagnostico verídico de gran parte de la gama de enfermedades geriátricas, pues se han encontrado servicios de salud que basan su atención en la intervención en neurología, mas no en la geriátrica y mucho menos en la gerontológica, con la cual se pueden plantear planes de vida para el adulto mayor y sus entornos familiar, económico, de salud, entre otros.
Conforme las personas envejecen sus necesidades y demandas cambian, así como sus patrones de participación en distintas actividades, esto también forma parte de la transformación en los espacios ocupados, lo cual incluye la movilidad de un lugar a otro y socava los modos de construcción deseada en la calidad de la urbanización en los que se deben considerar los espacios y servicios de vivienda; la accesibilidad a la salud, una movilidad segura y cómoda son necesidades especiales que la población adulta y envejecida necesita (Alcañiz, 2008), lo que implica entonces no solo ver el entorno físico, sino los servicios prestados debido a los usuarios en edades adultas y envejecidas.
El reto para los encargados de la gestión pública es lograr que sus territorios sean atractivos para todas las franjas demográficas que permitan vivir otras experiencias a través de acciones que incluyan la accesibilidad, posibilitando el acceso a los distintos lugares, servicios y actividades, independientemente del medio que se utilice, facilitando la adecuada movilidad y suministrando la suficiente seguridad para que los individuos opten por hacer uso del espacio propuesto. En este sentido, según Rey, Franchini y del Pozo (2021) estos espacios geográficos se deben estudiar, desde diferentes ámbitos del conocimiento, analizar las adaptaciones que requieren las nuevas ciudades, internamente y con relación a los demás, para ser más amigables con sus residentes en proceso de envejecimiento.
Otra de las implicaciones a atender ante el aumento progresivo de la población envejecida es que pueda traer consigo un impacto en la economía de la entidad, según Reyes y Castillo (2011) en cualquier espacio geográfico con un proceso de envejecimiento latente, traerá consigo como resultado un aumento en los costos de atención sanitaria, una disminución de la fuerza laboral, una disminución de la tasa de ahorro de la economía y por ende una disminución de la producción potencial. Sin embargo, los autores sustentan que, por lo general, las sociedades y las economías han tendido a prosperar con un clima de crecimiento demográfico constante, es decir, con una pirámide poblacional con bases amplias reflejando una proporción importante de niños-jóvenes y una cúspide reducida representando al sector de adultos mayores. Se menciona que, al existir una buena proporción entre estos dos grupos poblacionales, ayudará entre si al desarrollo económico sostenido de la sociedad.
Situaciones diferentes a las anteriormente expuestas, como la reducción del crecimiento de la población joven, el retraso del envejecimiento, así como la sobrevivencia de la población a edades cada vez más avanzadas pueden tener efectos directos e indirectos en el organismo mismo de una nación, entidad o municipio, tal como en múltiples retos internos y externos que el sector público mexicano debe enfrentar. El rápido crecimiento de la población envejecida en el Estado de México incidirá en incrementos en el gasto estatal en materia de salud y pensiones, lo que generará presiones sobre el gasto a mediano plazo. Al respecto, Chande (2014) menciona que el concepto de carga neta del envejecimiento hace alusión al gasto adicional en pensiones, cuidado a la salud, un mayor incremento en transferencias de recursos hacia la población envejecida menos los ahorros asociados a la disminución en las transferencias a los jóvenes/activos, aumento en la generación de ingresos por parte de los adultos mayores activos y el ahorro en salud asociado a una mortalidad más temprana. Por lo que el gasto público adicional requerido es indicativo de las cargas que impone el aumento de la población envejecida a la economía.
El envejecimiento poblacional pone en entredicho los sistemas de pensiones y seguridad social gestionados, en su mayoría, por el Gobierno. El aumento de la esperanza de vida en la población en el Estado de México dificulta la situación de la entidad, ya que los hombres se jubilan actualmente a los 65 años, las mujeres a los 60. Por lo que la política pública en atención al envejecimiento de la población debe coordinar medidas contra la discriminación laboral, que se producen, con 61 por ciento sobre la población de 55 años. Existe una percepción social de que los adultos mayores disminuyen su productividad, sin embargo, ante la necesidad de obtener un ingreso para su vida diaria, aumenta su presencia activa en el sector informal. Aguilar (2023) menciona que se deben implementar medidas que fomenten la previsión personal ante la incapacidad que se está moviendo de una minusvalidez por enfermedad a un concepto más amplio, lo que ha tenido efecto en el incremento de incapacitaciones para acceder a rehabilitaciones profesionales.
Con todo lo anterior se pone en evidencia la necesidad de que en el diseño, implementación y ejecución de políticas sociales deberán considerar estrategias que permitan atender de manera especial a los adultos mayores. No obstante, se revela la dual relación entre adultez mayor y estado social, ya que a pesar del envejecimiento de la población, el Estado de México tiene en funcionamiento una serie de mecanismos regulatorios que establecen quiénes son los sujetos legítimos para recibir protección del Estado, por cuánto tiempo deben recibir esa protección y cuál es la finalidad de esa protección, lo que ofrece oportunidades para analizar cómo se conciben los roles y derechos de las personas adultas mayores desde la administración pública estatal y municipal. Además, abrir la posibilidad de analizar cómo desde las administraciones estatales y municipales se ha asumido la distribución de competencias establecidas constitucionalmente, temas especialmente vigentes con la reciente aprobación de la reforma en materia de amparo para el retiro; la ejecución y garantía de juicios en materia civil, familiar y mercantil, entre otros.
Retos y perspectivas
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en Hogares del año 2016 nos advierte que únicamente 12.7 por ciento de los adultos mayores que se enfrentan a una situación de violencia acudieron a las autoridades (INEGI, 2016). Considerando un enfoque institucional, el último Censo de Población y Vivienda señala que 12.4 por ciento de las familias mexicanas conviven con un adulto mayor institucionalizado; sin embargo, no todos los municipios cuentan con asilos municipales. Esta administración busca establecer los instrumentos normativos con el fin de mejorar las condiciones de vida en este sector a través de la construcción de un asilo que responda a sus necesidades. Situaciones como las que se mencionan enaltecen la importancia de visualizar la gestión pública en el contexto de la vejez para identificar cómo los servidores públicos pueden alcanzar la congruencia entre lo que se dice, las decisiones que se toman, las acciones que se emprenden y las decisiones presupuestales (Houdin, 2013).
Recomendaciones para políticas y programas futuros son: reformas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Fondo Nacional de Salud (FONASA), las cuales deberían considerar medidas tomadas por otros sistemas de la región, en sistemas de seguro universal, como en México, la inclusión de fórmulas actuales y prospectivas en la integración y cofinanciamiento de los beneficiarios según criterios socioeconómicos, demográficos, de riesgo y de necesidad de atención (Knaul, González-Pier, Gómez-Dantés, García-Junco, Arreola-Ornelas, Barraza-Lloréns y Frenk, 2013).
Proporcionar cuidados a la salud a grupos vulnerables, que van desde embarazadas, madres lactantes, menores de cinco años, pacientes con enfermedades transmisibles leves, personas atendidas en el Programa de Salud Reproductiva, pacientes con tratamientos curativos o paliativos para enfermedades avanzadas y terminales. A raíz de este aumento de adultos mayores en el país se debería impulsar la campaña: “Haz tu testamento”, así como también modificar la estrategia de la Secretaría de Educación Pública para brindar una educación más flexible y acorde a las necesidades de esta población, el aumento en educación de las tecnologías y el impulso al uso de plataformas de educación en línea. Evaluar la totalidad de los programas a nivel federal, cuántos de los programas tienden a beneficiar a los adultos mayores de 60 años, reflexionar sobre la eficacia del sector y priorizar aquellos programas que han demostrado su capacidad para mejorar los resultados en salud (Arnaut y Giorguli, 2010).
Existen varias propuestas que buscan mejorar de manera significativa la atención que el Estado brinda a los adultos mayores en nuestro país. Únicamente se involucran los gobiernos federal y estatal, desestimando o incluso ignorando el trabajo conjunto que podría realizarse con los municipios. Por ello, México ha optado por adoptar un modelo de federalismo que organiza la distribución y ejecución del gasto público a nivel subnacional. En este sentido, hay una clara necesidad de cooperación y coordinación entre diversas instituciones para implementar políticas que sean verdaderamente eficaces y acordes a la compleja realidad local en la que vivimos. Se recomienda que esta política social no solo sea fragmentada, sino integral, abarcando y considerando los ámbitos nacional, estatal y también municipal. Una opción viable para lograr este importante objetivo es la evaluación continua y el seguimiento del desempeño municipal, lo cual tiene un papel fundamental en la implementación de políticas públicas que realmente atiendan las necesidades de los adultos mayores en sus comunidades (Arnoletto, 2014).
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) debe coordinar acciones gubernamentales que sean efectivas y pertinentes para la elaboración de diagnósticos exhaustivos sobre la población adulta mayor en el amplísimo Estado de México. Estas acciones y diagnósticos deben estar organizados y estructurados de acuerdo con el área específica que les corresponda, tales como seguridad pública, desregulación del comercio para adultos mayores, participación social activa, fomento a la cultura, cuidado integral de la salud de los mayores y la renovación de convenios estratégicos con las instituciones responsables de la salud. En el contexto de desarrollo e inclusión social, el INAPAM debe incorporar de manera prioritaria la propuesta de un rediseño interno del régimen pensionario o sistema de seguridad social global, así como la reorientación del gasto público hacia una política exitosa que sea inclusiva, que garantice una mejor atención y cobertura del adulto mayor vulnerable en el Estado. Es fundamental que esta atención no dependa únicamente del municipio donde viva el adulto mayor, sino que se extienda de manera equitativa. Además, es importante regular a los prestadores de servicios en lo que ya ha sido establecido y enmarcado, focalizar a los sectores alrededor de los cuales la protección social fomente el coadyuvante de manera organizada.
Los programas constituyen una respuesta institucional a diversas modalidades de problemáticas que enfrentan los adultos mayores y sus familias, la mayoría de estos desafíos son identificados específicamente entre la población que se considera pobre o que se encuentra en situación de desventaja; sin embargo, es importante destacar que estos programas han sido extendidos con el objetivo de abarcar también a otros segmentos de la población que, aunque no se encuentren en una situación crítica, pueden beneficiarse de un soporte adicional. Además, existen otros dos programas dirigidos especialmente a la vejez: las Acciones de apoyo a la vejez, así como el Programa de Apoyo Integral a la Familia (Acosta, 2010; Marchiori, 2017).
Estos programas ofrecen montos y beneficios que son similares a los que se proporcionan a través del Programa 65 o más, el cual es ampliamente reconocido, la mayor parte de estos se enfocan en atender las problemáticas e intereses de los adultos mayores que a menudo se encuentran identificados con situaciones de pobreza física, abandono o incluso intensas dificultades relacionadas con problemas mentales, lo que agrava aún más su condición. Con relación a los datos generales del padrón de adultos mayores que participan en el Seguro Popular en el Estado de México, el total de adultos mayores que han sido incorporados tanto al Régimen Contributivo como al No Contributivo por parte de los tres niveles de gobierno asciende a un total de 62,824 usuarios que están recibiendo atención y beneficios específicos (Fuentes y Valdés, 2018).
Para llevar a cabo una medición precisa del impacto que tienen las políticas sociales que se han implementado, es absolutamente necesario realizar un seguimiento constante y muy detallado a cada uno de los programas en marcha. Este seguimiento debe incluir aspectos como la infraestructura existente, el número de personas beneficiarias, sobre todo, es crucial corroborar si los programas están cumpliendo de manera adecuada con su objetivo inicial. Estos recursos destinados a las políticas sociales deben ser redituables, es decir, deben generar un retorno significativo que se traduzca en una notable mejora en la calidad de vida de las personas mayores que residen en el Estado de México (Arellano, 2002).
Cada política, programa o estrategia de atención que se desarrolla y se dirige a las personas de este grupo de edad debe lograr resultados concretos, que se deriven de la eficacia y la efectividad de las acciones implementadas. El objetivo fundamental de la evaluación consistirá en determinar el grado en que el sistema, compuesto por un conjunto de acciones y servicios destinados a la población adulta mayor, logra transformar estas intervenciones en resultados que sean tanto observables como deseables en diversas áreas. Especialmente en el ámbito de la salud, así como en la prestación de servicios que están dirigidos a procurar un bienestar integral, la promoción del envejecimiento activo y el apoyo a las familias para que puedan cumplir adecuadamente con sus responsabilidades y deberes. La ausencia de una política de salud adecuada y bien estructurada representa un obstáculo significativo para iniciar cualquier acción que tenga como objetivo el beneficio y la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores (Aranibar, 2001; Acosta, 2010).
Conclusión
A partir del análisis realizado se deriva que el envejecimiento poblacional en el Estado de México ha fortalecido un estado de invisibilidad en los gobiernos de los diferentes niveles y esfera de gobierno. La normatividad que se ha diseñado y ejecutado en diferentes niveles es poco clara y sustantivamente ineficiente al tener poco o nulo impacto en la calidad de vida de los adultos mayores que hoy se comporta como máximo referente de la demografía actual en el Estado de México.
En función de lo descrito, se afirma que el envejecimiento poblacional es una de las grandes conquistas del ser humano, pero no repercute en este sector poblacional que es un referente de esta gran conquista. En la práctica, las políticas sociales se limitan a dar cumplimiento a la norma, sin darle sentido a estas disposiciones. Ofrecer un estado de bienestar o armar un sistema integral de atención a la necesidad del grupo social alude de forma negativa a sus capacidades, se minimizan en función de actuar con prisas y no dar validez a los contenidos normativos que involucra la inclusión de la persona mayor a un campo social que ha permitido su bienestar. También queda claro la importancia que tiene tema a lo largo de que el Estado y el municipio que las personas mayores deben encabezar los discursos sociales para no seguir siendo invisibilizados.
La situación que vive la población de adultos mayores del Estado de México es delicada. Se cuenta con un elevado número de personas ancianas que muestran dificultades o limitaciones en la realización de actividades necesarias de la vida cotidiana. Estas condiciones nos hacen pensar que, ante una esperanza de vida cercana a los 70 años, las personas no están completas en sus capacidades y desempeños, están propensas a desplazarse debido a serias necesidades individuales o familiares. Ante lo expuesto, es evidente que se deben promover políticas públicas que aborden el problema, ya que la intervención temprana es uno de los factores críticos para mantener los niveles óptimos de funcionalidad y autonomía, que las personas envejecidas mantengan su lugar ocupacional en casa y en la comunidad. Además, las intervenciones no serán efectivas y sostenidas a largo plazo si no cuentan con el apoyo del gobierno, quien se debe ocupar de crear o modificar programas en salud y educación, políticas tan importantes para la persona mayor.
Los programas que deberían implementarse de manera urgente en la entidad están fundamentados en la atención a la salud, porque este aspecto influye en alto grado a la autonomía física e instrumental del adulto mayor. Solo será necesario aplicar recursos y fortalecer el vínculo con la sociedad activa que permitirá que los ancianos mexiquenses se mantengan saludables y funcionales. Deben crearse estrategias para maximizar las actividades que desarrollan dentro y fuera de su hogar a nivel individual en donde se ocupan y se promueva el aprendizaje, la comunidad, el esparcimiento, la diversión, la inclusión de pertenencia, satisfacción, socialización unida a la motivación personal y al significado que las actividades tienen para cada anciano.
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Resumen curricular de los autores
Hugo Montes de Oca Vargas
Economista por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Maestro en Demografía por El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), cuenta con estudios de Doctorado del Programa Estudios de Población por El Colegio de México (COLMEX). Profesor-Investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la UAEMéx, es Perfil Deseable PROMEP. Publicación más reciente: “Ciudades Fractales y Análisis Espacial”. Geografía Aplicada, (2025). “Velocidad de convergencia de las tasas netas migratorias en municipios de México con la metodología de Cadenas de Markov”. Papeles de población (2025). Cuenta con diversas publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos científicos en diversas Revistas Indexadas. Actualmente es Director de la revista Huellas de la Migración, UAEMéx.
Dirección electrónica: huvic100@gmail.com; hmontesdeocav@uaemex.mx
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8844-7717
Eduardo Jiménez López
Doctor en Ciencias Aplicadas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Profesor-Investigador en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Sus líneas de investigación actual son el Crecimiento de la Mancha Urbana con modelos Matemáticos y Envejecimiento Poblacional. Publicaciones más recientes: “Ciudades Fractales y Análisis Espacial”. Geografía Aplicada, (2025). “Velocidad de convergencia de las tasas netas migratorias en municipios de México con la metodología de Cadenas de Markov”. Papeles de población (2025). Capítulos de Libro: Territorial Intelligence in City Growth with Cellular Automata, Complex Systems and Their Applications. EDIESCA 2024. Springer (2025). “Ciudades, desigualdad social y desarrollo humano en México 2020”, Evolución del espacio regional urbano. Teorías y prácticas intervinientes en el proceso socioterritorial contemporáneo. Universidad de Monterrey, México, 2025.
Dirección electrónica: ejimenezlopez333@gmail.com; ejimenezl@uaemex.mx
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1883-3890
Bernardino Jaciel Montoya Arce
Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, cuenta con Perfil Deseable PROMEP. Actualmente es Coordinador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México (CIEAP-UAEM). Entre sus publicaciones recientes se encuentran Demografía indígena en el Estado de México (coautor), 2013; Aging and factors associated with quality of life for elderly people in State of Mexico, 2017 (en coautoría con Zuriel Soria-Romero) y “La educación indígena en el Estado de México”, en Papeles de Población, 2013.
Dirección electrónica: bjmontoyaa@uaemex.mx
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2794-0997