ISSN electrónico: 2448-7147                                                                       doi:/10.22185/24487147.2025.120.11

 

Artículos

 

Violencia económica y no económica hacia personas adultas mayores en 2020 en Tlaxcala, México

Economic and non-economic abuse towards elderly in 2020 in Tlaxcala, Mexico

 

Kristiano Raccanello*

*Fundación Universidad de las Américas Puebla, México

 

Resumen

 

En México más de 87 por ciento de las Personas Adultas Mayores (PAM) viven en hogares ampliados, y la pandemia de Covid-19 afectó la economía de los hogares a través de un mayor desempleo e inflación, acompañados por un aumento de la violencia intrafamiliar. En este estudio se analiza la relación entre la violencia económica y no económica hacia este grupo etario a través de una muestra de 2,954 PAM para el estado de Tlaxcala, México. A través de un modelo mvtobit de ecuaciones simultáneas se detecta la existencia de una relación bidireccional entre la violencia económica y no económica bajo el supuesto de que ambas se auto-refuerzan.

 

Palabras clave: Ecuaciones simultáneas, Modelo mvtobit, Personas adultas mayores, política pública, violencia intrafamiliar.

 

Abstract

 

More than 87 per cent of Mexican elders live in extended households, and the Covid-19 pandemic had a negative impact on households' economy through higher unemployment and inflation, along with an increase in domestic violence. This study analyzes the relationship between economic and non-economic violence towards this age group through a sample of 2,954 PAM for the state of Tlaxcala, Mexico. Through a simultaneous equations mvtobit model we detect the existence of a bidirectional relationship between economic and non-economic violence under the assumption that both reinforce each other.

 

Keywords: Domestic violence, Elderly, Mvtobit model, public policy, simultaneous equations.

 

Recibido: 24/04/2024

Aceptado: 11/07/2024

 

 

Introducción

 

 

Durante la primavera de 2020, a raíz de la pandemia de Covid-19, los países optaron por implementar políticas para limitar los contagios; en este tenor, en México se estableció el cierre de actividades no esenciales y la regulación de los espacios públicos de acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico (Secretaría de Salud, 2020). La pandemia no sólo provocó un elevado número de víctimas, sino que también tuvo importantes repercusiones económicas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (2021) identificaron un aumento de la tasa de desocupación a partir de marzo de 2020 (3.3 por ciento), alcanzando un máximo en junio del mismo año (5.3 por ciento) y que hasta mayo de 2021 se encontraba todavía a niveles superiores previos a la pandemia (4.1 por ciento). Entre marzo y abril de 2020 la población empleada en el sector formal se redujo en 2.1 millones, pero aquella que se desempeñaba en el sector informal se vio afectada aún más (-12.5 millones de empleos) por sus menores costos de despido. De esta forma, durante 2020 el aumento del desempleo que resultó del confinamiento redujo el ingreso disponible (Torres, Hernández, y Clark, 2020) y los hogares amortiguaron parcialmente esta caída a través de los retiros del Sistema de Ahorro para el Retiro, lo que redujo el consumo y evitó el endeudamiento (BANXICO, 2021). La recuperación del empleo, que hasta octubre de 2021 mostraba un avance respecto al segundo trimestre (IMSS, 2021; INEGI, 2021b), no se vio acompañada por un aumento de los salarios reales, y castigó de nueva cuenta el bolsillo de los hogares debido a la inflación subyacente.

El envejecimiento de la población mundial es principalmente causado por el aumento de la esperanza de vida que se acompaña con una caída de la tasa de natalidad; como resultado, tanto el número como la proporción de personas adultas mayores (PAM), definidas como aquellas con 60 años o más, está aumentando (CEPAL, 2023). Este cambio demográfico representa un reto tanto para los gobiernos, que deben atender a un creciente sector de la población a través de las políticas públicas diseñadas para tales efectos, como para las familias, quienes generalmente se encargan de atender las necesidades económicas e instrumentales de las PAM, con las cuales comparten vínculos afectivos a través del modelo de familia ampliada. En este entorno, la inestabilidad económica contribuyó a la acumulación de tensión en el hogar (Walker, 2009 y 1979), y se asistió a un incremento de la violencia intrafamiliar también en aquellos domicilios que, previo a la pandemia, no tenían antecedentes de violencia y/o situaciones de riesgo (Montero-Medina, Bolívar-Guayacundo, Aguirre-Encalada, y Moreno-Estupiñán, 2020). En México, así la pandemia se sumó así a otras causas que contribuyen a que las mujeres y las personas adultas mayores (PAM) resulten particularmente vulnerables (Montiel, 2020).

Con base en lo anterior, en este trabajo se analiza la violencia económica y no económica hacia las PAM en el estado de Tlaxcala para identificar si se comprueba alguna relación entre ellas y los factores de riesgo asociados. Después de la introducción, la segunda sección presenta la revisión de la literatura y analiza el impacto económico de la pandemia de Covid-19 en México, así como las repercusiones en los hogares en los cuales cohabita una PAM. Al respecto, se señala que este grupo etario es discriminado tanto en el mismo hogar donde reside como afuera de él, así se evidencia que la principal política pública consiste en proporcionar sólo solo un apoyo económico. También se identifican los distintos tipos de abusos a los cuales puede estar sujeta una PAM, se observa que las pensiones constituyen un ingreso fijo en el hogar que podrían establecer una motivación para ejercer violencia económica. En la tercera sección se describe el proceso de obtención de la muestra, la metodología econométrica, así como la estadística descriptiva de los distintos tipos de violencia detectados. La interpretación de los resultados del modelo tobit de ecuaciones simultáneas integra la cuarta sección. Finalmente, en las conclusiones se señalan los principales hallazgos, algunas líneas de investigación a desarrollarse y sugerencias de políticas públicas.

 

 

Revisión de la literatura

Personas adultas mayores y envejecimiento en México

 

 

En México, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (DOF, 2021, Art.3, fracc. I), las PAM son aquellas cuya edad cronológica es de 60 años o más. Esta población ha aumentado rápidamente pasando de 2.78 millones de personas en 1970 [Índice de Envejecimiento (IE): 7.55 por ciento] a 5.41 millones en 1990 (IE: 10.53 por ciento), y alcanzando 10.08 millones en 2010 (IE: 20.69 por ciento) (CONAPO, 2016 y 2017). A este ritmo, se anticipa que en el país habrán aproximadamente 20.50 millones de PAM (IE: 45.87 por ciento) para 2030, donde el incremento paulatino del IE es el resultado de la reducción de la tasa de natalidad y de la tasa de mortalidad que, al converger, reducen la tasa de crecimiento de la población. Este comportamiento demográfico se acompaña por un aumento de la esperanza de vida y por el fenómeno migratorio que tiende a desplazar a los jóvenes en edad de trabajar (González, 2015), lo cual también contribuye al incremento del IE.

El proceso de envejecimiento se asocia con una percepción negativa de la vejez que predomina en la sociedad (ageism), donde la vida cotidiana carga un peso negativo y permanente generado por la cultura de la individualización, condición que desborda todos los sectores de la vida social y altera las actividades más importantes de la vida (Bauman, 2015). En este sentido, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (INEGI, 2017) indican que las PAM están discriminadas por razones etarias (55.2 por ciento) y, si bien esto ocurre generalmente en el transporte o vía pública (37.3 por ciento), episodios de este tipo ocurren también en la misma familia (33.3 por ciento).^[1]

Al respecto, la literatura señala que las PAM generalmente conviven con sus familiares en hogares ampliados por el apoyo que puedan recibir, sobre todo cuando hayan desarrollaron algún tipo de dependencia asociada con alguna enfermedad y/o discapacidad, o también por encontrar el apoyo emocional que necesitan (Téllez, Muradás y Aguilar, 2017). Las ayudas proporcionadas son también de tipo económico, ya que entre 2006 y 2016 se ha observado un aumento de la participación de PAM que viven con adultos en edad de trabajar (López y Aranco, 2019). Si bien sea natural considerar que las PAM confían poder encontrar refugio entre las paredes domésticas y contar con el apoyo de las generaciones más jóvenes, Giraldo y Torres (2010, p. 319) señalan que, con base en los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2005, “50.8 por ciento (de las PAM) considera que en su hogar les dan menos protección que al resto de los miembros”.

 

 

Políticas públicas para las Personas Adultas Mayores

 

 

El cuidado de las PAM requiere de una estrategia que involucre tanto a la familia como a las instituciones públicas. En México la política nacional hacia las PAM se coordina a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), pero su alcance es insuficiente y se limita a otorgar una credencial que permite acceder básicamente a algunos descuentos y asesorías. De mayor envergadura y presupuesto a nivel federal, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PPBPAM), creado en 2007 con el nombre de “70 o más”, a cargo de la Secretaría del Bienestar en 2023, proporciona una pensión no contributiva de 4,800 pesos bimestrales a todas las PAM mayores de 65 años en el padrón respectivo (DOF, 2023) que, a principios de este año, supera los 11 millones de personas.

El programa prevé que el personal de la Secretaría del Bienestar realice visitas domiciliarias a los hogares de las PAM beneficiarias, cuyo objetivo, de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, se limita a la verificación de los requisitos para ser (o seguir siendo) derechohabiente del apoyo. Aunque durante estas visitas el personal pueda detectar situaciones de abuso hacia las PAM, y eventualmente reportarlas para que se les pueda dar el seguimiento oportuno por parte de las instancias correspondientes, no se implementa un protocolo para su detección.

En Tlaxcala, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF-Tlx), a través del Departamento de Atención a la Población en Condiciones de Vulnerabilidad, se enfoca principalmente a en tramitar y otorgar apoyos (despensas, muletas, aparatos auditivos, etcétera), canalizar o atender (ej. jurídicamente) a este grupo etario, entre otros, ya sea in situ o a través de las representaciones municipales. Estas últimas también remiten aquellos casos que sobrepasan su capacidad de atención y seguimiento (ej. PAM con enfermedades mentales y/o extraviadas) a las oficinas estatales centrales. Eventuales actividades adicionales (ej. excursiones, talleres, etcétera) son organizadas a nivel municipal, pero solo en ocasiones son coordinadas desde el SEDIF-Tlx. Esto se contrapone con la experiencia en la Ciudad de México (hasta 2017, Distrito Federal), donde el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM-DF) ofertaba un amplio abanico de actividades y estaba al frente de acciones y programas para las PAM con una importante plantilla de personal operativo y especializado (Raccanello, Constantino y Velasco, 2014).

En lo anterior se aprecia la insuficiencia de las políticas sociales focalizadas en la atención proporcionada a este grupo etario que, al aportar un apoyo monetario, en última instancia transfieren esta responsabilidad a las familias, mismas que abrazan culturalmente a los miembros envejecidos. El envejecimiento acarrea un declive natural del estado de salud dictado por los aspectos biológicos, ya que una mayor edad es acompañada por mayores tasas de morbilidad y de mortalidad (Soto, Moreno y Pahua, 2016), y un mayor riesgo de discapacidad asociado a la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas de la vejez y de la salud mental (Manrique, Salinas, Moreno, Acosta, Sosa, Gutiérrez y Téllez, 2013). La mayor incidencia de discapacidades para ambos géneros (López y Aranco, 2019) repercute en la calidad de vida, tanto de la PAM como la de otros familiares, al concretarse una mayor dependencia para realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Hasta el momento, ningún orden de gobierno en Tlaxcala proporciona un servicio de cuidadores profesionales que apoye a los hogares en los cuales convive una PAM con alguna limitación, y la falta de apoyo, junto con las actividades diarias de cuidado, afecta la salud física y mental del cuidador (Haley, 2003).

La imagen de fragilidad y dependencia con la que se asocian las PAM refuerza una postura negativa frente al envejecimiento y puede derivar en discriminación, aislamiento social y maltrato (Lemus, 2005, citado en Agudelo, Cardona, Segura y Restrepo, 2020).

 

 

Ingresos y circunstancias familiares

 

 

En México los efectos macroeconómicos de la pandemia impactaron negativamente a los hogares,[2] 87 por ciento de ellos son familiares (INEGI, 2021a), mientras que la mayoría de las PAM (87.7 por ciento) vivía con una o más familias (México Social, 2020). En este país 34.2 por ciento de las PAM son pobres, situación dictada por la falta de seguridad social que las motiva a desempeñarse en el sector informal en empleos de baja productividad y con un menor salario (CEPAL, 2020). Los ingresos de las PAM se reducen conforme aumenta la edad (Raccanello, Osorio y Molina, 2015) y su composición se modifica sustancialmente debido a que la caída de los ingresos salariales es parcialmente compensada por los apoyos por parte del gobierno y por las transferencias de otros familiares. Aunque después del retiro las PAM sigan desempeñando actividades laborales remuneradas para complementar sus ingresos, cuentan con los apoyos de los programas públicos y, de forma circunstancial, con las dádivas por parte de sus familiares.

A pesar de que las PAM “[…] siguen dependiendo en varios aspectos de su bienestar de la solidaridad familiar …” (CEPAL, 2020, p. 27), este grupo etario cuenta con un ingreso fijo respecto a las generaciones empleadas o autoempleadas que obtuvieron ingresos salariales inestables durante la pandemia. Es más, a pesar de su limitada participación económica, dentro de las mismas familias, las PAM con ahorros acumulados a lo largo de su vida (Ceballos, 2019) pueden convertirse en blancos atractivos para aquellas personas con necesidades económicas y en grado de ejercer algún tipo de violencia.

Durante 2020, 52.8 por ciento de la población percibía un ingreso inferior a la línea de pobreza y 17.2 por ciento inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos (CONEVAL, 2021). Bajo esta situación, hacerse cargo de una PAM puede propiciar el surgimiento de fricciones al interior del hogar e incrementar el estrés del cuidador. Si bien la carga económica es una de las responsabilidades más evidentes, la convivencia diaria con una PAM sobrepasa y trasciende lo monetario al tener que modificar horarios, actividades y la administración de los espacios por parte de los integrantes, aspectos previamente señalados por Destremau (2021). Estos elementos abonan a la acumulación de tensiones entre los integrantes, derivadas por la alteración de la dinámica familiar y que contribuyen no solo a la exclusión de la persona mayor, sino también a constituir un precursor del maltrato hacia este grupo etario (Makaroun, Bachrach y Rosland, 2020).

 

 

Abusos a las PAM

 

 

En este trabajo el término violencia se utiliza como sinónimo de maltrato, de acuerdo con la definición de la OMS (2021):

 

 

El maltrato a las personas de edad es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o también la falta de medidas apropiadas para evitar otros daños, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; el abuso económico o material; el abandono; la desatención, y el menoscabo grave de la dignidad y la falta de respeto.

 

En este mismo contexto, la Ley de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores (DOF, 2021, Art. 3, fracc. XII) establece como violencia contra las PAM cualquier acción u omisión que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, aunque de forma expresa reconozca la psicológica, física, patrimonial, económica y sexual (DOF, 2021, Art. 3bis, fracc. I a V) e incluye las demás posibilidades en el Art. 3bis, fracc. VI: “Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las Personas Adultas Mayores”.

La violencia (o abuso) hacia este grupo etario se genera cuando coinciden tres elementos: i) la PAM se encuentra en una situación vulnerable, ii) existe una relación de confianza con la PAM (en la cual generalmente interviene un familiar) y iii) está presente un contexto que promueve la violencia. El aislamiento derivado por el Covid-19 relegó a las PAM a sus domicilios, lo que agravó las fricciones con otros integrantes, situación que es un precursor de la violencia (Han and Mosqueda, 2020). En este sentido, Chang y Levy (2021) encontraron que la pandemia de Covid-19 incrementó la incidencia de abusos, principalmente físicos y financieros, hacia este grupo etario en los Estados Unidos.

Generalmente las PAM no reportan los episodios de abuso y violencia por el deseo de proteger al victimario, la negación de la situación que están viviendo, apatía y miedo, entre otras razones (Storey, 2020). La falta de denuncia ante las autoridades u otros familiares permite que la víctima siga viviendo o continue en contacto con el victimario, lo que, a su vez, incrementa el riesgo de seguir siendo abusada (Jackson and Hafemeister, 2012). También la PAM podría haber asumido culturalmente la etapa de la vejez como sinónimo de debilidad y dependencia, percibiéndose como una carga para el hogar y que, para compensarlo, deber estar dispuesta a ser violentada.

La violencia no se manifiesta únicamente entre las paredes domésticas (Giraldo, 2019), el victimario también puede ser un cuidador con el cual no hay lazos de parentesco (aunque exista una relación de confianza con la víctima), tal es el caso de las PAM institucionalizadas (Yon, Ramiro-Gonzalez, Mikton, Huber and Sethi, 2019). Obviamente los victimarios al cuidado de las PAM tienden a ocultar los hechos de violencia, lo cual dificulta poder detectar estos casos (Agudelo, Cardona, Segura y Restrepo, 2020).

Una PAM que está sujeta a violencia no económica (ya sea física, psicológica, abandono o maltrato) podría ser fácilmente sujeta a violencia económica (despojo de bienes inmuebles, robo de pertenencias, uso sin consentimiento de su dinero) y viceversa. Es fácil imaginar la situación en la que, si una PAM se percatara de que algún familiar le estuviera sustrayendo dinero, podría ocurrir algún episodio de violencia física o verbal al momento de reclamar el faltante al victimario. Con base en lo anterior, este trabajo tiene como propósito observar, en el estado de Tlaxcala, México, si existe una relación bidireccional entre los tipos de violencia hacia las PAM. El aspecto novedoso, que no se ha podido constatar en la literatura, radica en diferenciar la violencia en económica y no económica bajo la hipótesis de que ambas se auto-refuerzan a través de una metodología cuantitativa.

 

 

Metodología

La muestra

 

 

Entre septiembre y diciembre de 2020 se aplicaron aproximadamente 50 cuestionarios en cada uno de los 59 municipios de los 60 que hay en el estado de Tlaxcala. Solo en el municipio de Tenancingo, conocido por las actividades relacionadas con la trata de personas, no fue posible la aplicación, debido a que la misma Dirección de Seguridad Pública municipal aconsejó no realizar la recolección de datos para salvaguardar la integridad de los encuestadores. Aun cuando se intentó realizar la recopilación en las instalaciones municipales del Desarrollo Integral de la familia (DIF) se desistió de forma definitiva al no obtener la autorización correspondiente.

El muestreo (N = 2,954) fue aleatorio; de un total de 1,342,977 personas en el estado, 10.86 por ciento (145,866) tenían 60 años o más en 2020, por lo cual la muestra permitió alcanzar 98 por ciento de confianza con un error de 2.1 por ciento. El equipo de 25 encuestadores, previamente capacitados, contaba con el cuestionario en la aplicación de Qualtrics^® en su propio celular, lo que permitió la recolección en modo off-line para sucesivamente cargar la información a la nube al final de las actividades de cada día del trabajo de campo. De esta forma fue posible evitar la transcripción de las respuestas a más de 300 reactivos de cada uno de los 2,954 cuestionarios aplicados, así se disminuyeron considerablemente los errores, los tiempos de captura, y se facilitó el análisis de la información.

En cada municipio las PAM podían ser entrevistadas en la puerta de su domicilio o en la vía pública. Además del consentimiento para responder a la entrevista, los requisitos indispensables para que una observación fuera considerada válida consistían en que la PAM: i) se identificara con su credencial de elector para verificar que residiera en el municipio correspondiente, ii) tuviera al menos 60 años de edad y iii) accediera a contestar la encuesta de forma privada con el encuestador (sin que estuvieran presentes otros familiares o personas). En cualquier momento la PAM podía optar por retirarse de la entrevista; en cuyo caso el cuestionario sería eliminado. Debido a la naturaleza de la información solicitada en el instrumento y de la recopilación en la temporada de Covid-19 (semáforo en color amarillo), no se encuestaron a PAM con problemas mentales, en evidente estado de intoxicación o que se encontraran postradas en el domicilio. Durante todas las entrevistas se respetaron los protocolos de salud y sana distancia en atención a la población objetivo y al equipo de encuestadores.

 

 

Instrumento y estadística descriptiva

 

 

El objetivo principal del cuestionario era obtener información relativa al nivel de educación financiera y violencia en perjuicio de este grupo etario en el estado. Adicionalmente, el cuestionario indagaba sobre:

●               Las características socioeconómicas de las PAM (género, edad, educación, pertenencia a pueblos originarios, con quién y dónde vive, vivienda y servicios, experiencia migratoria, ingresos, activos y actividad laboral, entre otros).

●               Los padecimientos más frecuentes para este grupo etario son la inseguridad alimentaria y el grado de dependencia para realizar las actividades básicas (escala de Barthel) e instrumentales (escala de Lawton y Brody) de la vida diaria.

De las 2,954 PAM la mayoría son mujeres (60.93 por ciento, edad promedio: 71.5 años; hombres: 39.07 por ciento, edad promedio: 72.5 años) y de los ocho tipos de violencia cuatro corresponden a violencia no económica (violencia psicológica, física, abandono y maltrato) y los otros cuatro son de tipo económico (apropiación de pertenencias, despojo de inmuebles, uso de recursos sin consentimiento del PPBPAM y otros bienes). Las violencias más recurrentes (Tabla 1)  fueron de tipo noeconómico (13.24 por ciento de la muestra), en particular la psicológica (5.62 por ciento), física (3.35 por ciento) y el maltrato (3.05 por ciento). No obstante, se observa que en promedio se reportan solo tres de cada diez casos, lo cual deja entrever que la cifra negra es particularmente elevada.

 

Tabla 1: Violencia no económica: a quién se reporta y razones para no hacerlo

Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas.

 

Las víctimas informan a otros familiares (73.5 por ciento) y amigos (27.35 por ciento) sobre la violencia recibida, aunque recurren a las autoridades (policía) en caso de violencia física (41.46 por ciento) y abandono (28.57 por ciento). El DIF y la Secretaría del Bienestar son instancias a las cuales acuden principalmente en caso de abandono (28.57 por ciento en ambos casos) por no poder contar con otras personas cercanas.

La mayoría de los afectados no informaron sobre estos eventos aun cuando sabían a quién acudir, reportando que no lo hicieron porque la situación hubiera empeorado (70.96 por ciento) y/o porque no querían perjudicar a los familiares que incurrieron en dichos actos (49.63 por ciento). Con base en los resultados y en la diferencia de los porcentajes, a pesar de que los encuestados podían proporcionar múltiples razones, el miedo a que empeorara la situación, y por ende a un posible recrudecimiento de la violencia, aparenta ser la principal causa para no querer reportar la incidencia de estos casos. Frente a esta situación, las PAM siguen a merced de sus victimarios.

En la Tabla 2 se presentan los tipos de violencia económica, 4.54 por ciento de la muestra padeció al menos un caso de ellos; las violencias más comunes son la apropiación indebida de objetos (1.52 por ciento), despojo de bienes inmuebles (1.29 por ciento) y el uso sin autorización de recursos del PPBPAM (1.29 por ciento). En pocos casos (13) se reportó el uso sin autorización de otros recursos monetarios. También, se observa que menos de la mitad de los casos se informan cuando ocurren.

 

Tabla 2: Violencia económica: a quién se reporta y razones para no hacerlo

Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas.

 

Las víctimas informaron sobre la violencia económica a otros familiares (67.8 por ciento), amigos (47.46 por ciento), y recurren a las autoridades (policía) solo en caso de despojo de inmuebles (35 por ciento) y apropiación indebida (27.78 por ciento). En pocos casos la PAM acude a la Secretaría del Bienestar cuando detecta un uso sin autorización de los recursos del PPBPAM.

Los datos indican que las PAM no saben a quién acudir para informar sobre haber sido víctimas de violencia económica en una mayor proporción respecto a la violencia no económica. Sin embargo, es evidente que la preocupación por que la situación empeore a raíz de comunicar dichos eventos, lo cual incentiva a no informar al respecto (82.43 por ciento), en particular cuando se utilizan los recursos del PPBPAM sin consentimiento (95.65 por ciento). Nuevamente, otra razón para no informar radica en evitar problemas a los familiares (59.46 por ciento), inclusive en caso de despojo de bienes inmuebles (58.82 por ciento) que representan parte de la riqueza de la PAM.

 

 

Estrategia de estimación

 

 

Con relación a los datos de violencia recolectados en las encuestas, no hay razón para creer que puedan verificarse falsos-positivos, pero una subestimación es posible si las PAM negaran haber sufrido los abusos (falsos-negativos) por el estigma y/o vergüenza que la misma violencia genera en la persona que la padece. Por esta razón, cada variable de violencia se considera como variable truncada, al considerar que efectivamente son abusos cuando son positivas, mas no necesariamente si son iguales a cero. Se construye la variable Inc_viol_econ como la suma de los distintos tipos de violencia económica que ha sufrido la PAM, por lo cual toma valores discretos entre 0 (si no ha sufrido ninguno) y 4 (si sufrió todos); de forma similar se define la variable Inc_viol_no_econ con relación a los tipos de violencia no económica correspondientes.

 

 

Para comprobar la hipótesis se estima un modelo tobit de ecuaciones simultáneas (mvtobit), donde en la ecuación (1) la incidencia de violencia económica (Inc_viol_econ) está en función de la incidencia de violencia no económica (Inc_viol_no_econ), de un vector de variables exógenas (X) y el error aleatorio correspondientes (e₁). La ecuación (2) intercambia la posición de las variables mutuamente dependientes, añadiendo el vector de variables exógenas (Y) y el error aleatorio (e₂).

 

 

Entre las variables exógenas se incluyen las características de la PAM (sexo, edad, pertenencia a pueblos originarios), con quién convive, estado de salud (grado de dependencia, número de enfermedades que padece), realizar actividades laborales remuneradas, apoyos recibidos (económicos o en especie) por parte de familiares, estar inscrito en el PPBPAM, y otros ingresos. La situación económica del hogar se incorpora a través de una variable proxi definida por el grado de inseguridad alimentaria con el módulo correspondiente del CONEVAL.

La estadística descriptiva de las variables se reporta en el anexo (Tabla A1) y las estimaciones (Tabla A2) se obtuvieron con el software Stata v.16.

 

 

Resultados

Incidencia violencia económica

 

 

Los abusos, según las estimaciones, aumentan a partir de los 68.3 años,[3] resultado estadísticamente significativo en los tres modelos, lo que confirma los resultados de Pillemer, Burnes, Riffin and Lachs (2016) y Giraldo, Rosas y Mino (2015) que identifican a la edad como potencial factor de riesgo de abusos en las víctimas. La violencia económica no se asocia con el sexo de la PAM, resultado justificado al considerar que la intención del victimario es obtener recursos, bienes o pertenencias de la víctima, independientemente del sexo[4] de esta última, no obstante, aumenta cuando la PAM cuenta con bienes y recursos. En particular, la incidencia de la violencia se asocia con no haber heredado los activos que constituyen su patrimonio, así como por contar con otros ingresos que pueden provenir de rentas, pensiones contributivas e inversiones, entre otros, hasta los 7,253 pesos para posteriormente reducirse. Esta cantidad resulta ser elevada entre los entrevistados, ya que solo 4.20 por ciento de los casos superan este umbral de ingresos. Se observa que desempeñar actividades laborales, obtener recursos del PPBPAM y tener una cuenta bancaria no resultaron significativas. A pesar de ello, los resultados sugieren que la supervisión, por parte de los servidores de la nación que dan seguimiento al PPBPAM, tiende a desincentivar episodios de violencia económica.

Dado que los victimarios abusan de las víctimas al aprovechar la relación de confianza, respecto a las PAM que viven solas, la violencia económica es más aguda cuando están presentes personas que no comparten lazos de parentesco con la víctima. En este sentido, el victimario podría despojar a la PAM de sus bienes inmuebles y/o usar sin consentimiento los recursos monetarios sin importar el perjuicio que provoque a la víctima. Al analizar con mayor profundidad con quién convive la PAM, hay una débil evidencia de que las hijas y los hijos (en ausencia de la pareja) se estarían aprovechando económicamente de la PAM, situación que no resulta significativa cuando está presente la pareja (con o sin hijos), pero reduciéndose cuando la PAM convive con otros familiares (ej. hermanas/os). Estos resultados indican que el abuso no prospera únicamente cuando hay confianza, sino que también enfatizan la importancia de considerar otros factores como la convivencia con generaciones más jóvenes o personas extrañas al núcleo familiar.

Desafortunadamente las PAM que padecen violencia no económica tienden a estar sujetas a la contraparte económica también, y este predictor es robusto y significativo en los tres modelos. Si bien estos son los efectos directos, hay un conjunto de variables que se asocian indirectamente y que inciden a través de la violencia no económica; por ejemplo, el estado de salud de la PAM o el nivel de ingresos del hogar en la cual esta reside, medido a través de la prevalencia de inseguridad alimentaria en el hogar y que serán abordadas en el siguiente apartado.

Estos resultados no solo confirman una parte de la hipótesis de este trabajo, sino que también hacen un llamado a reflexionar acerca de la vulnerabilidad de las PAM que, además de ser maltratadas, de igual modo son violentadas económicamente. Si se considera que el maltrato es una violencia dirigida directamente hacia la persona, entonces no sorprende que el victimario ejerza violencia económica. Esto no debe interpretarse en el sentido de que haya distintos niveles de gravedad de la violencia, ya que todos estos actos son igualmente graves; aunque la diferencia radique en que pueden orientarse hacia las pertenencias o hacia la persona, es evidente que en cualquier caso atentan a la integridad, los derechos y el bienestar de la PAM.

 

 

Incidencia violencia no económica

 

 

Posiblemente por su fragilidad y una menor capacidad de respuesta a los agresores, las mujeres están sujetas a una mayor variedad de abusos de naturaleza no económica respecto a los hombres, mientras que la edad no es una determinante de este tipo de violencia.

Aunque la literatura reporte que la mayoría de las violencias hacia las PAM sean perpetradas por familiares, el modelo predice que las PAM que viven con el cónyuge y con o sin hijos presentan una menor incidencia de violencia no económica respecto a las que viven solas (categoría base no incluida en el modelo). La presencia del cónyuge (o pareja) de la PAM podría desincentivar las agresiones porque la víctima está menos aislada, además de que otras personas podrían ser testigos de estos comportamientos. En este sentido, se reducirían las agresiones cuando la relación entre la PAM y el (potencial) victimario está bajo el escrutinio de otros familiares.

Las PAM que presentan un peor estado de salud también están sujetas a una mayor incidencia de violencia no económica, lo cual puede relacionarse con un mayor estrés del cuidador. La literatura es enfática en señalar que proporcionar las atenciones de forma continua, en particular cuando las enfermedades son demandantes, afecta la atención por parte de los cuidadores. Por esta razón es deseable que los hogares que conviven con una PAM puedan acceder a trabajadores sociales que reduzcan la fatiga que se genera con estas tareas. En línea con lo esperado, aunque no sea significativo, un estado de dependencia leve, en relación con las actividades de la vida diaria, se asocia con una menor incidencia de violencia no económica (categoría base: mayores estados de dependencia: 7.48 por ciento de la muestra), lo cual sugiere que las PAM que se encuentran en una situación de mayor dependencia podrían estar sujetas a más violencia.

Referente a los aspectos económicos, en los hogares en los que hay inseguridad alimentaria leve, moderada o grave, se observa que los coeficientes indican de forma sistemática que mayores restricciones se acompañan de una mayor incidencia de violencia no económica. En un entorno en el que el presupuesto no permite cubrir las necesidades básicas, es probable que surjan fricciones entre los integrantes que encuentran su válvula de escape en la relación con las PAM les dan en malos tratos, las dejan solas o les dedican menos tiempo, quizás alegando la necesidad de tener que realizar otras actividades. En este mismo sentido, cuando la PAM recibe ayuda en especie (medicamentos, pañales o simplemente tiempo) se observa también una incidencia superior de violencia no económica; en este caso, el cumplimiento de la obligación moral de apoyar a los progenitores puede acompañarse de reproches y actitudes que la PAM identifica como comportamientos que atentan contra su dignidad.

Con relación a los ingresos, las estimaciones son contundentes al indicar que cuando la PAM realiza alguna actividad remunerada o cuenta con otros ingresos, se observa una incidencia superior de violencia. Esta situación puede deberse a que una mayor disponibilidad de recursos propios puede incentivar estos episodios en menoscabo de sus derechos, sobre todo cuando el adulto mayor podría negarse a ceder ante alguna petición bajo la figura de “extorsión emocional”.[5] No obstante, no todas las fuentes de recursos se asocian con más violencia no económica, la incidencia de este tipo de violencia es menor si la PAM es derechohabiente del PPBPAM, aunque es significativa solo en el tercer modelo. Aun cuando la Secretaría del Bienestar no cuenta con un protocolo para la detección de cualquier tipo de violencia, la PAM tiene contacto con el personal de esta dependencia, tiene a su disposición un medio para eventualmente comunicar los abusos recibidos, lo que los contendría.

En línea con los hallazgos de Giraldo, Rosas, y Mino (2015), hay indicios de que las PAM pertenecientes a un pueblo originario (característica identificada por hablar al menos una lengua indígena) enfrentan una menor violencia, situación que sustenta la importancia de las PAM en este entorno cultural.

Finalmente, cuando la PAM ha sido objeto de violencia económica, los resultados indican que también la violencia no económica aumenta. Este resultado confirma la hipótesis de este trabajo debido a que ambos tipos de violencia se refuerzan mutuamente en un peligroso círculo vicioso. Aunque el modelo no proporcione información sobre cuál tipo de violencia ocurre primero, la probabilidad de violencia no económica, al ser casi tres veces mayor a la de naturaleza económica (13.24 vs. 4.54 por ciento), hace suponer que la primera pudiera originar la segunda. Pese a eso, esta situación está avalada por los ingresos limitados con los que cuentan las PAM y también porque la violencia no económica incorpora comportamientos que abarcan una mayor diversidad de abusos, un enfoque cualitativo podría proporcionar información sobre la dinámica y/o patrones de conductas que permitirían esclarecer la sucesión de los eventos.

 

 

Conclusiones

 

 

El Covid-19 propició episodios de violencia en el hogar por las medidas de distanciamiento implementadas para limitar los alcances de la pandemia y por las consecuencias económicas. Las PAM pertenecen a una población vulnerable por el aspecto etario y de salud que, al vivir en hogares ampliados, pueden ser víctimas de abusos económicos y no económicos. Además, las víctimas generalmente no reportan estos abusos ya sea por vergüenza o miedo a que la situación empeore, lo que las sigue manteniendo en contacto con sus victimarios.

En este trabajo se encontró evidencia de que ambos tipos de violencia se refuerzan mutuamente, ya que las PAM que están sujetas a una mayor violencia no económica también enfrentan mayor violencia económica y viceversa. Este hallazgo es importante y, hasta la fecha, no conocemos de referencias que analicen esta relación a través de una metodología cuantitativa. Sin embargo, no se puede identificar con certidumbre qué tipo de violencia ocurre primero. La violencia no económica surge en hogares con limitaciones económicas, cuando la PAM no goza de buena salud, al recibir ayuda en especie o cuando realiza alguna actividad laboral. Así, las PAM que viven solas y que requieren apoyo por razones de salud posiblemente resulten ser una carga que no puede ser soportada durante mucho tiempo de forma unilateral por los familiares y contar con un ingreso tampoco evita enfrentar situaciones de maltrato físico o emocional. Por otra parte, la violencia económica se incrementa no solo cuando la PAM tiene mayor edad, sino también cuando posee recursos o activos sin heredar y cuando convive con personas con las que no comparte lazos de parentesco y/o en menor medida, con los hijos.

Los resultados obtenidos son relevantes porque de ellos se desprende que:

a)              A pesar del bajo porcentaje de denuncias, las PAM que están sujetas a algún tipo de violencia son propensas a sufrir otros tipos de abusos. Por lo anterior, es necesario intervenir a la brevedad con el fin de evitar que la situación degenere y que la violencia se agudice; en particular, las mujeres están expuestas a una mayor violencia por su fragilidad.

b)             Las PAM enfrentan un riesgo superior de violencia cuando el hogar en el que residen tiene carencias económicas; en este sentido, es necesario que las y los mayores vivan en un entorno estable, lo que posiblemente evite que estén solos o con personas extrañas al círculo familiar. Asimismo, las familias necesitan de asistentes sociales que puedan apoyar a las PAM que presentan algún problema de salud, en particular en casos de multimorbilidad.

c)              La Secretaría del Bienestar debería implementar un protocolo para la detección de violencia, hay indicios de que solo estar en contacto con las autoridades del PPBPAM aminora su incidencia. Como parte de una estrategia proactiva, este protocolo podría tener un efecto disuasivo sustancial.

Frente al cambio demográfico que se está gestando y a la magnitud del problema objeto de estudio, quedan varias líneas de investigación por analizarse y que constituyen una extensión natural de este trabajo:

·       Tanto las PAM como los victimarios requieren de ayuda, apoyo y seguimiento, por lo que es necesario conocer ambas versiones de los involucrados con relación a las circunstancias en las que se verifican los abusos. Este análisis requiere un acercamiento cualitativo que, posteriormente, puede abordarse de forma cuantitativa.

·       Las PAM son personas de edad avanzada y el hecho de que puedan estar sujetas a una mayor incidencia de enfermedades, discapacidades, problemas económicos o abusos, no implica que cualquier PAM sea vulnerable per se. Identificar cuáles son los factores que durante la trayectoria de vida se asocian con abusos específicos en la última etapa de la vida permitiría reducir la incidencia de la violencia a largo plazo.

Para poder solucionar el abuso hacia las PAM de forma eficaz, primero es necesario visibilizar el problema para que pueda ser parte de la agenda pública; de esta forma, se podrán diseñar aquellas políticas integrales que, alineadas con las leyes estatales, permitan enfrentarlo. Estas políticas deben tomar en cuenta las ramificaciones del problema, algunas de ellas consideradas en esta investigación. Sin embargo, para el diseño de estas políticas, de las cuales se desprenden programas y acciones públicas, es necesario tener un marco legal actualizado para no solo contar con un compendio uniforme de leyes, sino para que además se puedan garantizar sus derechos. Debido a que este proceso no es inmediato y el problema subsiste, por el momento, de forma complementaria, pueden realizarse actividades de detección, seguimiento y acompañamiento capilar de los casos de abuso, tareas que pueden llevarse a cabo exclusivamente a través de suficiente personal profesional y capacitado en la materia y que cuente con las facilidades (instalaciones, insumos, entre otros) para poder realizarlas. Al respecto, la coordinación interinstitucional es fundamental, al menos para atender a las PAM desde un punto de vista jurídico, psicológico y de salud.

También se pueden explorar otras alternativas que, basadas en las estructuras actuales, podrían considerarse. El mismo PPBPAM puede constituir una oportunidad importante debido a la estructura de la Secretaría del Bienestar a nivel nacional y sus representaciones a nivel estatal, en vista de que la interacción con el personal de esta secretaría se asocia con una menor violencia. No obstante, puede resultar contraproducente una solución que de forma simplista añada actividades a las que ya se realizan, por lo cual la opción debería analizarse con cautela y, eventualmente, proponerse únicamente después de evaluar los resultados de una prueba piloto.

La falta de una estrategia a nivel nacional impulsó iniciativas locales. En el estado de Tlaxcala, con base en los resultados obtenidos en el proyecto que financió la recolección de la información utilizada en este trabajo, desde finales de 2022, con el apoyo del SEDIF, se está implementando un proyecto piloto para reducir la violencia hacia las PAM. Este proyecto prevé la instalación de un módulo de detección a nivel municipal que, a través de un software, permite reportar los casos y las características de siete distintos tipos de abuso en tiempo real. Esta información se analiza a nivel estatal a través del diseño de una estrategia interinstitucional, y se creó la Procuraduría del Adulto Mayor y la reforma a la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala, se buscan canalizar los casos detectados al mejorar el protocolo de atención y seguimiento actualmente existente.

 

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Resumen curricular del autor

Kristiano Raccanello

Es Doctor, Maestro y Licenciado en Economía por la Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP); cuenta también con un Master en Economía y Finanzas por la Venice International University. Actualmente es Profesor Titular del departamento de Banca e Inversiones de la UDLAP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel II. Sus áreas de investigación abarcan políticas públicas, desarrollo social y económico, finanzas informales y educación financiera.

Dirección electrónica: kristiano.raccanello@udlap.mx

Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0668-1321

 

Anexo

Tabla A1: Variables: descripción y estadísticas

Variables	Descripción	N	Media	e.e.	Min	Max
Mutuamente dependientes
Inc_viol_no_económica	Número de distintos tipos de violencia no económica sufridos por la PAM	2,954	0.132	0.472	0	4
Inc_viol_económica	Número de distintos tipos de violencia económica sufridos por la PAM	2,954	0.045	0.275	0	4
Independientes
Hombre	1 si es hombre, 0 si es mujer	2,954	0.391	0.488	0	1
Edad	Años cumplidos al momento de la encuesta	2,954	71.882	8.316	60	100
Edad2	Años cumplidos al momento de la encuesta al cuadrado	2,954	5,236.08	1,244	3,600	10,000
No_heredó	1 si la PAM no ha heredado bienes, 0 en caso contrario	2,954	0.593	0.491	0	1
Sumaotrosingresos	Suma de otros ingresos de la PAM, sin considerar ingresos laborales y PPBPAM.	2,954	1974.686	3010.628	0	62500
Sumaotrosingresos2	Suma de otros ingresos de la PAM al cuadrado, sin considerar ingresos laborales y PPBPAM.	2,954	1.30E+07	1.08E+08	0	3910000000
Vivecon_hijos	1 si la PAM vive con los hijos, 0 en caso contrario	2,954	0.263	0.441	0	1
Vivecon_conyugehijos	1 si la PAM vive con cónyuge e hijos, 0 en caso contrario	2,954	0.329	0.47	0	1
Vivecon_conyuge	1 si la PAM vive con cónyuge, 0 en caso contrario	2,954	0.249	0.433	0	1
Vivecon_otrofamiliares	1 si la PAM vive con otros familiares, 0 en caso contrario	2,954	0.052	0.222	0	1
Vivecon_familiares	1 si la PAM vive con familiares, 0 en caso contrario	2,954	0.894	0.308	0	1
Vivecon_otraspersonas	1 si la PAM vive con otras personas (no familiares), 0 en caso contrario	2,954	0.011	0.104	0	1
ABVD_dep_leve	1 si la PAM califica con dependencia leve (escala de Barthel), 0 en caso contrario	2,954	0.925	0.263	0	1
Trabaja	1 si la PAM desempeña algún trabajo (y recibe pago monetario o en especie), 0 si no desempeña ningún trabajo	2,954	0.21	0.407	0	1
PPBPAM	1 si la PAM está inscrita en el Programa Pensión para el Bienestar, 0 en caso contrario	2,954	0.592	0.491	0	1
Cuentabancaria	1 si la PAM tiene al menos una cuenta bancaria, 0 en caso contrario	2,954	0.075	0.263	0	1
Recibe apoyo económico	1 si la PAM recibe alguna ayuda económica por parte de familiares, 0 si no la recibe	2,954	0.31	0.463	0	1
Recibe apoyo especie	1 si la PAM recibe alguna ayuda en especie (traslados, le dedican tiempo, alimentos, medicamentos) por parte de familiares, 0 si no la recibe	2,954	0.078	0.268	0	1
Seguridad alimentaria hogar	1 si el hogar en el cual reside habitualmente la PAM no presenta inseguridad alimentaria, 0 en caso contrario	2,954	0.457	0.498	0	1
Inseguridad alimentaria leve hogar	1 si el hogar en el cual reside habitualmente la PAM presenta inseguridad alimentaria leve, 0 en caso contrario	2,954	0.298	0.457	0	1
Inseguridad alimentaria moderada hogar	1 si el hogar en el cual reside habitualmente la PAM presenta inseguridad alimentaria moderada, 0 en caso contrario	2,954	0.125	0.330	0	1
Inseguridad alimentaria grave hogar	1 si el hogar en el cual reside habitualmente la PAM presenta inseguridad alimentaria grave, 0 en caso contrario	2,954	0.120	0.325	0	1
Sumaenfermedades	Suma del número de enfermedades auto-reportadas por la PAM	2,954	1.049	1.031	0	6
Pertenece a pueblo originario	1 si la PAM habla al menos una lengua indígena, 0 si no habla ninguna	2,954	0.066	0.248	0	1

Fuente: elaboración propia.

 

Tabla A2: Estimaciones modelo mvtobit